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Conclusiones del Paquete Ómnibus de la Unión Europea

El Paquete Ómnibus de la Unión Europea ha sido presentado el 26 de febrero de 2025, como una iniciativa para la simplificación de normativas de sostenibilidad en el ámbito empresarial. Esta reforma surge en respuesta a las dificultades que las empresas se estaban enfrentando como consecuencia de las regulaciones algo complejas y costosas, impactando su competitividad global.

La Comisión Europea ha identificado “la necesidad de equilibrar las exigencias de sostenibilidad con un entorno propicio para el crecimiento económico, promoviendo una reducción significativa de las cargas administrativas”. Para ello, ha venido trabajando trabajado todos estos meses en una estrategia para reducir la burocracia y facilitar la transición sostenible sin comprometer el dinamismo económico del continente.

Objetivos y Alcance del Paquete Ómnibus

El paquete busca mejorar la viabilidad empresarial mediante la reducción de requisitos regulatorios. Con ello, se pretende alcanzar un ahorro del “25% en cargas administrativas y un 35% en el caso de las PYMEs”. Además, el paquete propone mecanismos para optimizar la aplicación de normativas existentes y favorecer la transición ecológica sin afectar la rentabilidad de las empresas.

El Paquete Ómnibus también tiene como objetivo garantizar una mayor coherencia entre las diversas regulaciones de la Unión Europea, evitando superposiciones y contradicciones normativas. Se espera que estas medidas fomenten un entorno más predecible y transparente para los negocios, incentivando la inversión en iniciativas sostenibles.

Modificaciones Normativas Claves

1. Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad – CSRD

En lo que respecta a la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) ha sido modificada para facilitar su cumplimiento y reducir la carga administrativa de las empresas. A modo resumen, los principales cambios son los que a continuación se incluyen:

• Reducción del alcance: Estarán obligadas a cumplir con la CSRD las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación superior a 50 millones de euros. Esta medida disminuye la cantidad de compañías afectadas en aproximadamente un 80%.

• Eliminación de requisitos de reporte excesivos: Se han eliminado los estándares sectoriales obligatorios, reduciendo la cantidad de información que las empresas deben proporcionar en sus informes.

• Sistemas de reporte escalonado: Se han introducido diferentes niveles de reporte según el tamaño y la actividad de la empresa, permitiendo una adaptación progresiva a la normativa.

• Mayor claridad en la doble materialidad: Se han revisado y aclarado las directrices sobre cómo las empresas deben evaluar y reportar su impacto ambiental y social, asegurando que solo se requiera información realmente relevante.

• Verificación con un nivel de aseguramiento limitado obligatorio: Se mantiene la obligación de verificación con un nivel de aseguramiento limitado, pero la opción de pasar a un aseguramiento razonable ha sido eliminada.

• Flexibilidad en la aplicación de estándares: Se han revisado las normas europeas de reporte de sostenibilidad (ESRS, por sus siglas en inglés) para hacerlas más accesibles y coherentes con otras regulaciones internacionales.

• Exención para PYMEs en la cadena de valor: Se ha establecido un límite en la información que las empresas grandes pueden solicitar a sus proveedores PYMEs, evitando la transferencia de carga regulatoria hacia ellas.

2. Directiva de Diligencia Debida Corporativa en Sostenibilidad – CSDDD

En lo que respecta a la Directiva de Diligencia Debida Corporativa en Sostenibilidad (CSDDD o CS3D por sus siglas en inglés), los principales cambios que se extraen del Paquete Ómnibus son los que a continuación se recogen:

• Aplazamiento de plazos de implementación, es decir, en principio estaba previsto que la aplicación a las primeras empresas como sujetos obligados fuera en 2027, si bien se postpone un año la aplicación de la Directiva para aquellos sujetos obligados a 2028.

• Limitación de la responsabilidad de las empresas en la supervisión de su cadena de suministro, enfocándose en impactos directos.

• Mayor claridad en los procedimientos de cumplimiento, reduciendo la incertidumbre legal.

• Los apartados de fin de la relación comercial, responsabilidad civil y legitimación activa han sido retirados.

• La posibilidad de establecer requisitos adicionales de debida diligencia a servicios financieros y actividades de inversión ha sido también retirada.

• En principio el límite para trasponer la Directiva al ordenamiento jurídico nacional era el 26 de julio de 2026. El paquete propone postponer un año dicho límite. Además, restringe a los Estados miembros la introducción de normas más estrictas para hacer frente a los impactos en derechos humanos por parte de las empresas.

• En la CS3D se recogía que la revisión del sistema se realizaría de forma anual. Sin embargo, el paquete Ómnibus amplía el plazo de actualización de la diligencia debida a cada 5 años o cuando haya “motivos razonables para creer que las medidas ya no son adecuadas o efectivas”.

• Con respecto a las sanciones, ya no habrá un índice máximo y no lo vincula al volumen de negocios de las empresas. La Comisión publicará orientaciones para ayudar a los Estados de la UE a determinar las sanciones. 

3. Taxonomía Verde de la Unión Europea

En lo que respecta a la Taxonomía Verde de la Unión Europea, los principales cambios que se extraen del Paquete Ómnibus son los que a continuación se recogen:

• Reducción del 70% en la cantidad de datos requeridos para el cumplimiento. Para ello, la Comisión está publicando a consulta, posibles enmiendas al Acto Delegado de Divulgaciones de la Taxonomía y los Actos Delegados, que simplifican las plantillas de reporte, lo que llevará a una reducción de datos, ya comentada anteriormente, en casi un 70%.

• Introducción de modelos de reporte voluntarios para ciertas empresas con actividades de impacto reducido, así como voluntariedad para grandes empresas de más de 1.000 empleados, con un volumen de negocio neto de hasta 450 millones de euros.

• Implementación de directrices específicas para mejorar la aplicabilidad de la taxonomía en sectores clave como la energía y la industria manufacturera.

El papel de la Verificación de Normativas y Cumplimiento

Es necesario comentar que la implementación y verificación del cumplimiento de estas normativas será fundamental para garantizar su efectividad y alineación con los objetivos de sostenibilidad y competitividad de la Unión Europea. Algunos de los mecanismos establecidos para la consecución de tal fin, serán los siguientes:

• Supervisión por parte de organismos reguladores: La Comisión Europea, junto con agencias especializadas, llevará a cabo auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de las empresas con las normativas revisadas.

• Plataformas digitales: Se desarrollarán herramientas digitales para que las empresas puedan reportar su cumplimiento de manera eficiente y accesible, reduciendo la carga administrativa.

• Certificación de cumplimiento: Se implementarán estándares y certificaciones que permitirán a las empresas demostrar su conformidad con las nuevas regulaciones de manera más sencilla.

• Sanciones y medidas correctivas: En caso de incumplimiento, se establecerán sanciones proporcionales y planes de ajuste para garantizar que las empresas adopten las medidas correctivas necesarias sin comprometer su operatividad.

Estos mecanismos buscan equilibrar la supervisión con la flexibilidad, asegurando que las empresas puedan cumplir con las normativas sin obstáculos, y promoviendo al mismo tiempo una transición ordenada hacia modelos empresariales más sostenibles.

Impacto en las Empresas y el Mercado

Según los datos de la Comisión Europea, “el impacto esperado de estas modificaciones es significativo, con ahorros administrativos estimados en 6.300 millones de euros anuales y la liberación de hasta 50.000 millones de euros en inversiones”. Se espera que la reducción de trámites fomente la expansión empresarial y refuerce la capacidad de las empresas para cumplir con los objetivos del Pacto Verde sin comprometer su estabilidad económica.

De una forma u otra, estaremos atentos a cómo el constante cambio regulatorio acaba normalizándose en los tiempos en los que vivimos, y cómo el ordenamiento jurídico español traspone la CSRD a la Ley XX/202X, de la que ya, al menos conocemos el nombre y el texto que se ha propuesto. Se puede consultar a través del siguiente enlace: Proyecto de Ley de Información empresarial sobre sostenibilidad.

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