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Ley 11/2018: nuevos sujetos obligados en 2022

 

La Ley 11/2018 surge a raíz de una directiva de la Unión Europea de 2014 sobre divulgación de Estados de Información no Financiera y Diversidad. El tema del reporte sobre cuestiones no financieras surge con más fuerza en la década del 90, dentro de sectores muy críticos a nivel ambiental como el petrolero, el químico, el farmacéutico, etc. Así, las empresas, por presiones sociales o gubernamentales, deciden empezar a reportar cuestiones no financieras.

El hacerlo de forma voluntaria no produjo las adhesiones de otros sectores, más allá de las empresas que lo hacían por reputación e imagen.

Las cuestiones sociales sobre diversidad, temas de género, cambio climático, corrupción, gobernanza, etc., que avanzan con mucha fuerza, hacen que a nivel de Unión Europea se empiecen a dictar determinadas directivas que tienen que ver con esta información no financiera y que se deben reportar de forma obligatoria.

España, como todos los países de la Unión Europea, debía trasponer esa directiva a nivel nacional y dictó esta Ley 11/2018, que en un principio afectaba a entidades de interés público y a empresas con más de 500 trabajadores que tuvieran una cifra de activos consolidada: empresas de más de 20 millones y una cifra anual neta de negocio de más de 40 millones de euros.

A partir de 2022, con la modificación de la ley, las empresas con más de 250 trabajadores y que además cumplan con otro requisito, activo consolidado de más de 20 millones de euros o la cifra neta anual de negocio de más de 40 millones de euros, también están obligadas a reportar sus Estados de Información no Fianciera.

La información que solicita la ley está estructurada en cinco grandes bloques. Una parte general que habla sobre el modelo de negocio, la estructura y la gobernanza. Y después módulos más específicos que podríamos resumir en cuestiones ambientales, en cuestiones relacionadas con el personal de la empresa, con recursos humanos, con la parte de seguridad e higiene… y finalmente otros bloques relacionados con derechos humanos, lucha contra la corrupción e impacto en la sociedad.

La ley no establece una sanción específica en cuanto a al no cumplimiento. Pero, como esta información no financiera debe acompañar a las cuentas anuales en el informe de gestión, ocurrirá que no se acepte la presentación de las cuentas anuales. Es ahí donde entraría a regir la sanción de la Ley de Sociedades de Capital al respecto.

La Ley 11/2018 establece la necesidad de verificar por un prestador de servicios independiente los Estados de Información No Financiera. EQA España es una de las entidades de tercera parte que realiza la verificación de EINF.

 

Alejandro Resnik

Alejandro Resnik

Product Manager del Departamento de RSC

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