Aprobación en el Congreso del primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
El pasado jueves 8 de abril, se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en pocos días pasará el trámite del Senado y, si no incluye modificaciones, quedará definitivamente aprobada previsiblemente en mayo.
La ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas, y establece una hoja de ruta alineada con las directrices marcadas por el Pacto Verde Europeo, y el Acuerdo de París.
El texto recoge compromisos importantes para la descarbonización de la economía, cuyo eje principal es el cumplimiento del Acuerdo de París de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 ºC, e incluso, si es posible, por debajo del 1,5 ºC.
Objetivos y planificación de medidas
Se establece el compromiso de España con la neutralidad climática a alcanzar, como máximo, en el año 2050.
Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática, el proyecto de ley incluye unas metas intermedias, incluyendo una revisión de estas al alza, prevista para 2023:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto a las de 1990.
- La ley contempla duplicar en 2030 la cuota de renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74%. Y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la generación eléctrica sea renovable.
- Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).
- Conseguir en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2. Para ello, incluye la prohibición de venta de vehículos que emitan CO2 en 2040 .
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aprobado en Resolución de 25 de marzo de 2021, es la herramienta de planificación estratégica nacional que integra la política de energía y clima, y refleja la contribución de España a la consecución de los objetivos establecidos en el seno de la Unión Europea en materia de energía y clima.
El texto incorpora una serie de medidas en el ámbito de movilidad, energías renovables y combustibles, para el cumplimiento de los objetivos marcados, como, por ejemplo:
- Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible. Además, los municipios de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar zonas de bajas emisiones si su calidad del aire no es buena.
- A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
- Impulso de centrales hidroeléctricas reversibles.
- En el plazo de un año, reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, con el objeto de facilitar instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo.
- A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España. Las concesiones vigentes, no podrán prorrogarse más allá del 31 de diciembre de 2042.
- Aprobación de incentivos para la introducción de energías renovables en edificación y rehabilitación de edificios, para impulsar así el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones.
Riesgos financieros y Cambio climático
El cambio climático y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono también involucran al sistema financiero. En primer lugar, debido a la figura del sistema financiero como intermediario entre el ahorro y la inversión, ya que el sector financiero puede facilitar la canalización de fondos hacia actividades que contribuyan a la transición ecológica. Y, en segundo lugar, por los riesgos financieros que el cambio climático y las actuaciones para mitigarlo traen consigo.
En este sentido, la ley incorpora varios apartados que buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que se expone la economía del país debido al cambio climático.
La nueva Ley de Cambio prevé una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero.
La ley ofrece herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a percibir y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión:
- Se recogen las obligaciones de información que debe emprender el sector financiero y las grandes empresas.
- Se establece que las entidades financieras, publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
- Se introduce un nuevo tipo de obligación de información al sector energético.
- Se recoge que el sector eléctrico deberá presentar una estrategia de descarbonización.
La Ley de Cambio Climático y transición energética: un texto ambicioso y necesario, que supone un gran paso para movilizar la acción climática en España.
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