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Ley 11/2018 y las empresas con +250 trabajadores, ¿los nuevos obligados o los nuevos favorecidos?

Allá por Diciembre de 2018 entre belenes y campanadas, se dictaba la ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, en cumplimiento de la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad, por medio de la cual los primeros obligados, empresas de más de 500 trabajadores y que cumplieran con determinada cantidad de activos o cifra de negocios, debían reportar algunas cuestiones no financieras ligadas a lo social, ambiental, diversidad, igualdad y gobernanza.

A partir del tercer año de vigencia de la ley, que se cumplen en 2021, esa obligación se extiende a las empresas con más de 250 trabajadores y demás requisitos de facturación o activos y algunos directores financieros y áreas involucradas ya comienzan a sentir el peso de una nueva carga, pero… ¿es realmente esta obligación legal una carga o un beneficio?

Hace muchas décadas, las cuestiones financieras se vienen informando obligatoriamente y además resultaron y lo siguen siendo, instrumentos necesarios para la toma de decisiones a nivel financiero (inversiones, otorgamiento de créditos, endeudamientos, etc). Por la década de los `90 y motivadas principalmente por accidentes ambientales en los sectores de las industrias extractivas y presionados en muchas ocasiones por ONG y gobiernos, las empresas tuvieron que comenzar a informar cuestiones no financieras como las ambientales, para volver a obtener la confianza de una sociedad quien había llegado a boicotear sus productos y echado por los suelos su reputación.

De esta forma, comienzan a realizarse reportes ambientales, sociales, de sostenibilidad que acompañaban a los informes financieros. Estas prácticas de reporte que nacieron y durante varios años fueron mayormente voluntarias, han ido  demostrando que no sólo cumplían una función informativa a los grupos de interés sino que podían también transformarse en una importante fuente de información para la gestión de la empresa.

Lamentablemente, por un lado, el sistema voluntario no produjo las adhesiones de otros sectores que no fueran los citados con anterioridad y que eran los más cuestionados y por otro, las cuestiones sociales, sobre diversidad, cambio climático, corrupción, gobernanza entre otros temas, fueron motores que impulsaron a los gobiernos a comenzar a exigir a las empresas reportes no financieros a través de diferentes normativas, locales, nacionales o regionales.

Hoy día, es indiscutible que esta es la dirección que ha tomado la Unión Europea en el diseño de sus políticas regionales ASG (ambiental, social y de gobernanza), y que día a día profundiza en este sentido como últimamente lo ha hecho con temas como la taxonomía de la UE, los fondos europeos de reparación, las mediciones de impacto, etc.

Los temas de sostenibilidad se han convertido en políticas de estado y se trasladarán a las empresas en forma de instrumentos normativos de obligatorio cumplimiento y las empresas tendrán a corto plazo dos opciones: buscar el mero cumplimiento legal, lo que se traducirá en tiempos y costes perdidos o abrazar la sostenibilidad y hacerse de los beneficios que nadar en sus aguas puede brindarle. En una próxima publicación, ahondaremos un poco más sobre estos beneficios.